Radiografía de una crisis anunciada: Rocha ante el desafío del envejecimiento poblacional y la escasez de recursos
El crecimiento sostenido de la población de adultos mayores en Uruguay y, de manera muy particular, en el departamento, vuelve a poner sobre la mesa una problemática estructural que, según advierte el Director de la Oficina del Adulto Mayor de la Intendencia de Rocha, Mario Ortíz, requiere soluciones urgentes y un sinceramiento profundo de las cifras oficiales.
Rocha se posiciona hoy como el cuarto departamento del país con mayor crecimiento de adultos mayores —por detrás de Lavalleja, Cerro Largo y Colonia—, impulsado además por dinámicas poblacionales particulares en zonas de frontera como Chuy y Barra del Chuy. Sin embargo, este envejecimiento demográfico choca contra una realidad económica y asistencial compleja que afecta la calidad de vida de miles de uruguayos.
Entre la expectativa de vida y la fragilidad económica
Si bien los avances en medicina preventiva han logrado que la población viva más tiempo, las condiciones en las que transcurre esa etapa generan profunda preocupación.
Uno de los puntos más críticos radica en las prestaciones económicas. Con jubilaciones mínimas que rondan los 20.895 pesos y pensiones a la vejez inferiores a los 18.000 pesos, los ingresos de los pasivos se ven rápidamente pulverizados por el costo de vida. Alquileres que superan con facilidad los 15.000 pesos en el departamento, sumados a los gastos de servicios básicos, alimentación, transporte y medicamentos, dejan márgenes operativos exiguos o inexistentes, obligando a muchos adultos mayores a recurrir a múltiples préstamos para subsistir.
A esto se suma la discusión sobre los umbrales de pobreza y la definición de clase media publicados por los organismos estadísticos, cuyos parámetros son duramente cuestionados desde el territorio por distar drásticamente de los gastos reales que afronta una familia o una persona sola.
El cuello de botella en residenciales y el Sistema Nacional de Cuidados
Las proyecciones hacia el año 2030 estiman que el país superará los 850.000 jubilados y pensionistas, lo que volverá a poner presión sobre el sistema previsional en un contexto donde la relación entre trabajadores activos y pasivos continúa descendiendo (actualmente ubicada en torno a 1,4 activos por cada pasivo).
En paralelo, asociaciones que nuclean a los residenciales de ancianos alertan que en pocos años se requerirán entre 5.000 y 6.000 nuevas plazas residenciales. Con costos promedio de los hogares que oscilan entre los 30.000 y 35.000 pesos mensuales, la brecha respecto a las jubilaciones mínimas deja a numerosas familias sin capacidad de respuesta, recayendo la responsabilidad final en el Estado.
Por su parte, el Sistema Nacional de Cuidados enfrenta severas restricciones presupuestarias y demoras acumuladas, con miles de personas en lista de espera para recibir la asistencia de un cuidador o la visita de un trabajador social. Asimismo, en el interior del país se mantiene una marcada carencia crónica de especialistas en geriatría.
Costo de vida y presión tributaria
Otro de los aspectos centrales señalados es el elevado costo de los alimentos y productos básicos en el mercado uruguayo, fuertemente condicionado por la estructura impositiva, los costos logísticos internos y las cadenas de intermediación. Esta realidad contrasta fuertemente con la de localidades fronterizas, donde parte de la población recurre al comercio del país vecino en busca de precios más accesibles.
La discusión sobre la sostenibilidad fiscal, el peso de la estructura estatal y la asignación de prioridades presupuestarias vuelve a instalarse en la agenda pública. Mientras las proyecciones demográficas indican que las curvas de población joven y adulta mayor continuarán cruzándose en la próxima década, las voces desde el territorio insisten en la necesidad de traspasar el plano de las intenciones normativas para dotar de recursos reales a las políticas sociales y previsionales del país.
