Militares vendían toneladas de madera del Parque Santa Teresa a una empresa que ahora reclama US$500.000

En las últimas horas se supo que los coroneles William Soria y Gerardo Dattele, exdirectores del Servicio de Parques del Ejército, han sido implicados en un escándalo de contratos irregulares con una empresa privada en el Parque Nacional de Santa Teresa.

La controversia se agrava al descubrirse que el exjefe de la División Forestal del Sepae, Paul Romero, también figura en los documentos, de acuerdo a lo publicado por Montevideo Portal.

La información, obtenida y divulgada por el citado medio, revela que los contratos fueron suscritos entre el 1º de julio de 2020 y el 10 de mayo de 2021. Dattele, Soria y Romero, en representación del Parque de Santa Teresa, firmaron estos acuerdos con una empresa privada bajo el pretexto de “manejo silvicultural”.

Sin embargo, lo que inicialmente parecía ser un proceso regular, se tornó irregular al omitir las debidas etapas de control y aprobación por parte del Ministerio de Defensa y el Tribunal de Cuentas.

Los documentos detallan que la empresa privada se comprometía a realizar diversas acciones, como la tala selectiva de trozas de eucaliptus, limpieza de alambrados, mantenimiento de líneas de alta tensión, extracción de árboles secos, mejora de caminos, prevención de incendios, limpieza y ampliación de cortafuegos, y la correspondiente regeneración natural.

En contrapartida, el Sepae debía permitir el acceso al Parque de Santa Teresa tanto al personal como a la maquinaria de la empresa privada para llevar a cabo las operaciones acordadas. Una vez finalizado el proceso, la empresa obtenía el derecho de cortar la leña y negociar con los coroneles a cargo del Sepae un precio por la misma. Según documentos a los que accedió el medio mencionado, en la mayoría de los casos se pagó un total de US$400 por 25 toneladas, equivalente a un camión de dos acoplados.

La transacción, que abarcó 21 camiones entre mayo y septiembre de 2021, generó ingresos para el Sepae de aproximadamente US$10.000. Esta suma habría sido recibida por Paul Romero en representación del organismo militar. Las comunicaciones informales entre la empresa privada y los militares se llevaron a cabo principalmente a través de Romero, según fuentes cercanas al caso.

La investigación y las consecuencias no se hicieron esperar. A finales de 2021, las autoridades actuales del Ministerio de Defensa tomaron conocimiento de la maniobra irregular y ordenaron una investigación administrativa. Esta determinó la necesidad de cambiar las autoridades del Sepae para evitar la continuación de la situación. Además, el departamento jurídico del ministerio impuso las sanciones correspondientes.

En respuesta, por orden del Ministerio de Defensa, la madera que ya había sido cortada y esperaba ser retirada por la empresa privada quedó apilada en el Parque Santa Teresa, totalizando unas 2,500 toneladas.

Ante esta situación, la empresa privada decidió emprender una demanda por rescisión de contrato y daños y perjuicios, solicitando una compensación superior a los US$500.000. Este escándalo también tuvo consecuencias internas, resultando en la sanción del teniente que denunció las prácticas irregulares.

Javier García: “Investigamos, sancionamos y tomamos también medidas de fondo”

El ministro de Defensa hizo referencia al tema; “Se hicieron las sanciones que se debían y se dejó sin efecto un convenio firmado anteriormente. Es más, si van a Santa Teresa van a encontrar leña apilada, que era de ese convenio, que yo prohibí que se entregara a esa empresa privada la leña”.

La determinación del ministro se dio porque el origen del acuerdo entre los militares y el privado “no era legítimo”, según argumentó. “Investigamos, sancionamos y tomamos también medidas de fondo”, añadió. Sobre la demanda de la empresa, Javier García aclaró que no tiene mayor información y adelantó que prefiere “no dar datos” erróneos.