Rocha recibió la presentación del Tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejeces
Marianela Larzaábal, directora de Inmayores, destacó la importancia de construir políticas públicas que garanticen los derechos de las personas mayores. El plan establece compromisos para el período 2026-2030 y recoge las prioridades planteadas por las propias personas mayores en cada departamento.
El Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), presentó en Rocha el Tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejeces, una herramienta que busca orientar las políticas públicas destinadas a las personas mayores durante el período 2026-2030.
La actividad contó con la participación de Marianela Larzábal, directora de Inmayores, quien explicó los principales objetivos del documento y la importancia de incorporar las demandas de la población mayor en la planificación de las políticas públicas. En la misma instancia, se presentó el documento Territorios que participan, destinado a las intendencias, municipios y demás instituciones con responsabilidades en el ámbito territorial.
Larzabal señaló que el plan constituye una hoja de ruta para orientar las acciones del Estado, pero también establece compromisos concretos entre diferentes instituciones. En ese sentido, recordó que Inmayores tiene la responsabilidad de ejercer la rectoría de las políticas públicas dirigidas a las personas mayores y que existe la obligación legal de elaborar un plan nacional.
La jerarca destacó que, tras un período anterior en el que no se contó con un plan nacional de estas características, la actual iniciativa procura establecer lineamientos claros para responder a las necesidades presentes y futuras de esta población.
Un enfoque basado en derechos y diversidad
La directora de Inmayores explicó que el plan se apoya en una serie de principios fundamentales, entre ellos el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género y diversidad, la interseccionalidad, la participación y el enfoque territorial y comunitario.
Estos principios buscan contemplar las distintas realidades que atraviesan las personas mayores, reconociendo que las experiencias de envejecimiento no son iguales para todos.
En ese sentido, Larzábal sostuvo que las trayectorias de vida influyen directamente en las condiciones en las que las personas llegan a la vejez. Por ello, consideró fundamental analizar el envejecimiento desde una perspectiva amplia, que tenga en cuenta las diferencias sociales, económicas, culturales y territoriales.
No es lo mismo envejecer en el medio rural que en una ciudad, ni vivir esta etapa en Montevideo que hacerlo en localidades del interior del país. Estas diferencias, explicó, requieren respuestas y políticas públicas adaptadas a cada realidad.
Las prioridades de las personas mayores de Rocha
Uno de los aspectos centrales de la presentación fue la entrega del documento Territorios que participan, que recoge las propuestas formuladas por las personas mayores mediante un proceso de construcción participativa.
Según explicó Larzábal a InfoRocha, el plan nacional fue elaborado tomando en cuenta las opiniones y demandas de esta población, que también participó en la definición de las prioridades para cada departamento.
En Rocha, la instancia permitió presentar cuáles son los temas identificados como prioritarios en el territorio y acercar esa información a las instituciones departamentales, con el objetivo de facilitar la elaboración de respuestas concretas.
Las prioridades se organizan en siete ejes principales: acceso a la salud, cuidados, vivienda, trabajo, educación y tiempo libre, y acceso a la justicia, además de las acciones transversales vinculadas a la protección de derechos y la participación.
La intención es que las instituciones públicas y las organizaciones sociales cuenten con una herramienta para conocer las demandas de las personas mayores y promover acciones coordinadas que respondan a esas necesidades.
Sensibilización y acceso a la justicia
Entre los asuntos destacados por la jerarca figura la necesidad de sensibilizar y capacitar a los operadores del sistema de justicia y a los organismos vinculados a la seguridad sobre las particularidades de la vejez y el envejecimiento.
Larzábal mencionó como ejemplo un taller realizado recientemente, en el que participaron 120 jueces. Según indicó, la experiencia fue valorada positivamente por los asistentes y respondió a planteos formulados por las propias personas mayores.
También hizo referencia a la importancia de abordar las situaciones de abuso y maltrato, impulsar campañas de sensibilización en los territorios y fortalecer los espacios de articulación entre las instituciones.
En ese marco, consideró necesario promover ámbitos de trabajo comunitario y mesas interinstitucionales que permitan coordinar esfuerzos, compartir información y mejorar la respuesta pública ante las distintas problemáticas que afectan a las personas mayores.
La sensibilización de los funcionarios públicos, la formación y el fortalecimiento institucional son componentes centrales del plan, junto con la generación de conocimiento y la transformación cultural necesaria para combatir los prejuicios y la discriminación asociados a la edad.
Una población que seguirá creciendo
Durante la entrevista, Larzábal advirtió sobre el proceso de transición demográfica que atraviesa Uruguay y la necesidad de adaptar las políticas públicas a una población cada vez más envejecida.
De acuerdo con las cifras mencionadas por la directora, actualmente las personas mayores de 65 años representan aproximadamente el 16% de la población, una proporción que podría alcanzar el 32% en los próximos años.
Esta evolución demográfica plantea nuevos desafíos para el sistema de salud, los cuidados, la vivienda, el empleo, la educación, la justicia y los mecanismos de protección social.
Para Larzábal, las políticas diseñadas décadas atrás pueden no responder adecuadamente a las necesidades actuales y futuras. Por esa razón, sostuvo que resulta imprescindible planificar con anticipación y establecer lineamientos que permitan acompañar los cambios sociales y demográficos.
El Tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejeces pretende cumplir esa función, definiendo prioridades y compromisos para el período 2026-2030, con especial atención al acceso efectivo a los derechos de las personas mayores.
Responsabilidad compartida entre las instituciones
La directora de Inmayores subrayó que la elaboración del plan no representa una responsabilidad exclusiva del organismo que dirige. Por el contrario, requiere la participación y el compromiso de las distintas instituciones del Estado, así como de los gobiernos departamentales y municipales.
En ese sentido, destacó la importancia de la corresponsabilidad interinstitucional y de la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para transformar las propuestas en acciones concretas.
El documento Territorios que participan busca precisamente facilitar ese proceso, al identificar las prioridades de cada departamento y ponerlas a disposición de las instituciones y organizaciones sociales.
La finalidad es que las demandas expresadas por las personas mayores no queden únicamente plasmadas en un documento, sino que puedan traducirse en medidas, programas y acciones que mejoren su calidad de vida.
Finalmente, Larzábal invitó a la población a informarse sobre los objetivos y contenidos del Tercer Plan Nacional de Envejecimiento y Vejeces a través de las redes de Inmayores y del Ministerio de Desarrollo Social.
La presentación en Rocha se enmarca así en un proceso que busca fortalecer las políticas públicas dirigidas a las personas mayores, reconociendo la diversidad de sus realidades y promoviendo una respuesta coordinada del Estado frente a los desafíos del envejecimiento.
