La ley como garantía de convivencia: el respaldo necesario a la Justicia en los desalojos
Escribe Juan M. Jara
Cuando una sociedad empieza a mirar hacia otro lado frente al incumplimiento de las normas, lo primero que se resiente no es una planilla administrativa ni un expediente judicial, sino la confianza básica entre vecinos. Los recientes procedimientos de desalojo dispuestos por la Justicia en la zona de Valizas y en otros puntos del departamento vuelven a poner sobre la mesa una discusión que, aunque a veces resulte incómoda, es indispensable dar con claridad y sin rodeos, la vigencia efectiva de la ley es lo único que garantiza que todos seamos verdaderamente iguales y que nadie quede librado a su propia suerte.
En los últimos tiempos se ha vuelto frecuente que, ante una orden judicial de lanzamiento o desalojo, aparezcan voces que intentan instalar la idea de que cumplir con un fallo es una medida fría, insensible o desproporcionada. Ese razonamiento encierra una trampa peligrosa. Confundir la sensibilidad social con la tolerancia a la irregularidad termina perjudicando, precisamente, a quienes más necesitan un Estado ordenado y previsible. Cuando se relativiza el mandato de un juez, el mensaje que recibe la comunidad es devastador, que el esfuerzo de quien cumple, paga sus impuestos, respeta los límites de la propiedad ajena y tramita sus asuntos por las vías legales vale exactamente lo mismo que la prepotencia de quien decide instalarse por la vía de los hechos.
En lugares como Valizas y en distintas zonas de nuestro territorio, los vecinos conocen de primera mano lo que significa convivir con la incertidumbre. Saben lo que cuesta levantar una vivienda con sacrificio, mantener un predio en condiciones o sostener un barrio limpio y seguro. Por eso, cuando la Justicia interviene luego de recorrer las instancias procesales correspondientes, con todas las garantías que ofrece nuestro ordenamiento jurídico, no está actuando por capricho ni persiguiendo a nadie. Está restableciendo un equilibrio que se había roto y recordando que en una república existen reglas que nos obligan a todos por igual, sin excepciones ni privilegios.
Detrás de cada expediente judicial hay plazos, notificaciones, instancias de defensa y resoluciones fundadas. Nadie llega a una instancia de desalojo de la noche a la mañana. Cuando finalmente se dicta la orden, estamos ante la culminación de un proceso donde el derecho ya habló. Pretender obstaculizar ese desenlace o cuestionar la legitimidad del procedimiento equivale a socavar los cimientos mismos de la convivencia democrática. Si las sentencias se cumplen solo cuando resultan simpáticas o convenientes para determinados relatos, entonces dejamos de vivir bajo un Estado de derecho para pasar a depender de la ley del más fuerte o del que grita más alto.
En este escenario, merece un reconocimiento expreso y sin ambigüedades la labor de la Policía Nacional. Como auxiliar de la Justicia, la institución policial cumple una tarea ingrata pero insustituible, hacer efectivo en el terreno lo que los magistrados disponen en el papel. Quienes visten el uniforme no eligen los operativos ni redactan las leyes; acatan órdenes legítimas y ponen el cuerpo para que las resoluciones judiciales no queden en letra muerta. Lo hacen, además, en contextos muchas veces tensos, expuestos a presiones y cuestionamientos injustos, manteniendo la templanza y el profesionalismo que exige el servicio público. Respaldar su actuación no es un gesto corporativo ni una postura rígida; es una obligación cívica de cualquier ciudadano que entienda que sin autoridad legítima no hay libertad posible.
El principio de igualdad ante la ley, consagrado en nuestra Constitución, no es una frase decorativa para los actos patrios. Significa, en términos concretos y cotidianos, que ningún ciudadano tiene derecho a pasar por encima de otro, ni a apropiarse de lo que no le corresponde, ni a exigir contemplaciones especiales a costa del perjuicio ajeno. La verdadera justicia social empieza por asegurar que las reglas de juego sean parejas para todos. Cuando el Estado falla en hacer cumplir la norma, los primeros que pierden son los sectores más humildes y trabajadores, porque son ellos quienes carecen de recursos privados para protegerse y dependen enteramente de la eficacia de las instituciones públicas.
También conviene distinguir con honestidad entre los problemas habitacionales reales que requieren políticas públicas serias, planificación y asistencia social canalizada por los organismos competentes y la ocupación indebida o el desconocimiento deliberado de la ley. Mezclar ambos planos solo sirve para paralizar la acción institucional y perpetuar conflictos que degradan la calidad de vida de barrios enteros. Las soluciones sociales nunca pueden construirse sobre la base de validar hechos consumados al margen de la legalidad, porque de ese modo se desordena el territorio, se frustran inversiones comunitarias y se condena a las propias familias a vivir en la precariedad jurídica y material.
Apoyar hoy las actuaciones de la Justicia y el despliegue profesional de la Policía en Valizas y en cada rincón donde sea necesario restablecer el orden jurídico es apostar por el futuro de nuestra comunidad. Queremos barrios donde el vecino que cumple se sienta amparado, donde las instituciones funcionen con normalidad y donde la palabra ley vuelva a tener el peso moral y práctico que nunca debió perder. Porque al final del día, respetar las normas no es someterse a una imposición externa, es el acuerdo más noble que tenemos los ciudadanos para vivir en paz, mirarnos a los ojos con respeto y construir una sociedad justa para todos.




