Lo que desde lejos no se ve…
Escribe Sebastián Chocca
Las imágenes de automóviles calcinados, fachadas de ayuntamientos en llamas e institutos bloqueados en París, Milán o Bruselas ocupan un lugar destacado en los noticieros de nuestra región. Pero mostrar el caos no equivale a explicar lo que ocurre. La cobertura suele concentrarse en el impacto visual de las barricadas o reducir el conflicto a un simple «choque cultural» migratorio, dejando fuera de plano elementos más profundos de la crisis. Lo que desde la distancia se reporta como un estallido espontáneo es un fenómeno mucho más complejo, donde las demandas sociales legítimas terminan absorbidas por una particular convergencia política.
Conviene poner el foco en Francia, no solo por su peso y por una historia marcada por la violencia y las revueltas, sino también porque allí confluyen muchas de las tensiones que atraviesan al viejo continente. Lo que en otras capitales aparece de forma más puntual, en suelo francés se acumula y estalla con mucha más fuerza. Es en sus barrios periféricos y en sus calles donde se lee con claridad qué es lo que está pasando.
Las causas del conflicto
El primer motor del conflicto es el deterioro de un servicio público en particular: la educación. Cuando los institutos de secundaria de los barrios más vulnerables se quedan semanas sin profesores por los bajos salarios y las aulas se masifican, los jóvenes salen a manifestarse. Se suman los profesores y, como es costumbre en las tierras galas, los sindicatos. Los reclamos se extienden a otros servicios públicos, como la salud y el transporte, que también enfrentan dificultades para brindar las soluciones que la población necesita.
A esto se suman los reclamos por el costo de vida. La inflación acumulada y una crisis de vivienda feroz hacen cada vez más difícil que los trabajadores y los jóvenes puedan independizarse, pagar un alquiler o afrontar los gastos cotidianos. El encarecimiento de la energía, impulsado también por las tensiones geopolíticas y los conflictos internacionales, eleva los costos de la electricidad y el transporte. Al mismo tiempo, el envejecimiento de la población presiona los sistemas de pensiones y los cambios tecnológicos generan incertidumbre en el mercado laboral. El malestar responde a una acumulación de problemas económicos y sociales que afectan la vida cotidiana.
Pero el problema se vuelve verdaderamente crítico cuando esta crisis económica choca de frente con la realidad migratoria y cultural de las periferias francesas, los banlieues. En esas zonas, una parte importante de los jóvenes pertenece a la segunda o tercera generación de familias inmigrantes y ha nacido en suelo europeo. Muchos arrastran un cortocircuito de identidad profundo: se sienten franceses de papeles, pero excluidos de hecho por su origen o sus apellidos, lo que genera un resentimiento acumulado contra las instituciones y la policía. A esto se suma la consolidación de corrientes del islamismo político que cuestionan principios centrales del modelo republicano francés, como el laicismo y la primacía de las leyes civiles. Las dificultades de integración y las tensiones culturales y religiosas se entrecruzan con las fracturas económicas y sociales, poniendo en discusión la propia idea de convivencia.
A esa tensión se suma la repercusión de los conflictos internacionales, particularmente la guerra en Gaza, que adquiere una fuerte dimensión identitaria en determinados sectores de las periferias europeas y puede convertirse en un factor de movilización política. La identificación con la causa palestina convive, en este contexto, con un repunte del antisemitismo y la circulación de discursos de odio y teorías conspirativas en las redes sociales. Conflictos que se desarrollan a miles de kilómetros terminan así proyectándose sobre las tensiones internas europeas, profundizando divisiones preexistentes y añadiendo una nueva dimensión a la crisis.
Pero una cosa es el descontento de fondo y otra muy distinta es quién aprovecha lo que ocurre cuando se apagan las luces. Ahí es donde entran los grupos radicales, que aportan la logística del caos. La presencia de tácticas de confrontación callejera como el Black Bloc y de redes Antifa en estos escenarios no busca defender la educación ni protestar por la vivienda: en su expresión violenta, apunta al sabotaje, la destrucción de bienes y el enfrentamiento con la policía. Esta violencia callejera se convierte en una oportunidad para que la izquierda radicalizada intente pescar en río revuelto y sumar apoyo en esos barrios periféricos.
A esta combinación de factores se suma una particular tradición política francesa, marcada por una larga historia de revoluciones, levantamientos populares y protestas callejeras, desde 1789, pasando por el Mayo del 68, hasta los «chalecos amarillos» de 2018. En Francia, la movilización masiva y la confrontación con el poder forman parte de una cultura política arraigada, en la que la calle ha sido históricamente un espacio de disputa capaz de alterar el rumbo de los acontecimientos.
El cuadro se completa con una extendida desconfianza hacia los partidos tradicionales y las instituciones, alimentada por la percepción de que los mecanismos políticos no ofrecen respuestas suficientes a los problemas cotidianos. Cuando amplios sectores sienten que sus demandas no encuentran representación efectiva o que las decisiones se toman de espaldas a sus preocupaciones, el malestar puede desbordar los canales institucionales y abrir espacio a fuerzas que prometen una ruptura con el sistema.
A las dificultades cotidianas se suma una contradicción de fondo en el modelo económico y social francés. Francia mantiene un nivel elevado de gasto público y de protección social, pero arrastra un déficit fiscal persistente y una deuda creciente que limitan su margen de maniobra. En 2025, el déficit público alcanzó el 5,1 % del PIB y la deuda superó el 115 %. A esto se suma una presión fiscal particularmente elevada, equivalente al 45,2 % del PIB, la segunda más alta de Europa. El debate sobre cómo sostener ese modelo enfrenta a quienes rechazan los recortes y las reformas, como la del sistema de pensiones, con quienes consideran inevitable contener el gasto y corregir los desequilibrios. Así, la discusión económica se convierte también en un conflicto político sobre quién debe asumir el costo de mantener el Estado de bienestar y qué compromisos está dispuesta a aceptar la sociedad francesa.
También existe una causa electoral indudable: las elecciones presidenciales francesas de 2027. La posibilidad real de una victoria de la extrema derecha, que podría llevarla por primera vez a la presidencia de la Quinta República, introduce un factor adicional de tensión. Al mismo tiempo, la extrema izquierda busca posicionarse para disputar el balotaje en un escenario de creciente polarización.
Por último, aquí vale la pena insistir en una aclaración: la migración en sí misma no es la causa de lo que está pasando. Pero eso no significa negar su relación directa con varios de los problemas que explican la situación actual. El deterioro de los servicios públicos, la crisis de la vivienda, las dificultades de integración, la concentración de población en las periferias y las tensiones en torno a la identidad y la religión no pueden analizarse al margen de la realidad migratoria francesa. Una parte importante de esa inmigración procede de países de tradición musulmana, lo que también introduce una dimensión cultural y religiosa en el debate, especialmente cuando determinadas corrientes del islamismo político cuestionan principios fundamentales de la República, como el laicismo y la primacía de las leyes civiles. Negar estas conexiones por temor a sus implicaciones políticas no ayuda a comprender el problema; tampoco lo hace atribuir a la inmigración, la responsabilidad.
La convergencia que no se quiere ver
Todos estos factores ayudan a comprender el malestar que atraviesa Francia y otros países europeos. Pero explicar las causas del descontento no alcanza para entender cómo se expresa, quiénes consiguen movilizarlo y con qué objetivos. Las dificultades económicas, las fracturas sociales y los conflictos identitarios constituyen el terreno sobre el que actúan los actores políticos e ideológicos. Es en esa disputa por el sentido y la dirección del malestar donde aparece uno de los aspectos más inquietantes.
Lo grave comienza cuando el malestar social se convierte en una herramienta de disputa política e ideológica. En Francia, la izquierda cada vez más radicalizada, con La Francia Insumisa a la cabeza, y el islamismo político, asociado fundamentalmente a los Hermanos Musulmanes, convergen, pese a partir de tradiciones diferentes, en una alianza de objetivos: socavar la República francesa y el orden político y cultural sobre el que se sostiene. Esa convergencia se expresa en un aprovechamiento mutuo: la izquierda presenta la confrontación como una forma legítima de resistencia al sistema, mientras que el islamismo político encuentra en las fracturas sociales y en los conflictos internacionales una vía para reforzar su influencia y cuestionar principios fundamentales de la República, como el laicismo y la primacía de las leyes civiles.
La primera operación de esta convergencia consiste en borrar la frontera entre la protesta y la violencia. Cuando la izquierda presenta cualquier enfrentamiento con el Estado como una respuesta legítima a la violencia del propio sistema, la responsabilidad por los actos cometidos queda subordinada a la causa que supuestamente los justifica. Así, el sabotaje, la intimidación y la agresión pueden dejar de ser condenados por lo que son para ser evaluados en función de quién los ejerce y contra quién se dirigen. La causa política se convierte entonces en una coartada moral.
Esta convergencia también responde a una transformación ideológica de la izquierda. La tradicional centralidad de la lucha de clases ha cedido terreno frente a una política articulada en torno a las minorías y a la identificación de distintos grupos como víctimas del sistema capitalista y la democracia liberal. Desde esa perspectiva, la causa palestina ha pasado a ocupar un lugar central en las movilizaciones, especialmente después del 7 de octubre de 2023, desplazando incluso la histórica centralidad de la lucha contra el antisemitismo en esos espacios políticos. Las manifestaciones se convierten así en escenarios donde conviven banderas de izquierda, comunistas y palestinas, junto con símbolos islamistas radicales. El aumento del antisemitismo registrado en Francia constituye una señal de alarma que no puede negarse.
Esta convergencia se apoya en una visión que combina la culpa histórica de Occidente por el colonialismo, la división del mundo entre «opresores y oprimidos» y el rechazo de los valores occidentales. Bajo esa lógica, la oposición común a Occidente termina pesando más que las diferencias: quienes son identificados como víctimas reciben una indulgencia que puede llegar a justificar prácticas que, en otros contextos, serían condenadas. Así, sectores de la izquierda terminan relativizando derechos que dicen defender, como la igualdad entre hombres y mujeres o los derechos de las personas LGTBI+, cuando entran en conflicto con las causas que respaldan. La paradoja es también política: en nombre de la emancipación, se termina legitimando a actores cuyos proyectos chocan con los principios de libertad, igualdad ante la ley y laicismo que la propia izquierda reivindicó históricamente.
En la antesala de las elecciones presidenciales francesas de abril y mayo de 2027, esa dinámica adquiere una dimensión adicional: el malestar, la polarización y los conflictos identitarios pueden ser aprovechados para influir en el resultado electoral. La cuestión no es que los actores políticos busquen convencer a los votantes, sino que la agitación social y la confrontación ideológica puedan utilizarse para erosionar la confianza democrática y condicionar el debate electoral.
Lo que desde lejos no se ve
Las consecuencias pueden ser tanto políticas como económicas. Una sociedad atrapada en la confrontación pierde capacidad para construir acuerdos, afrontar reformas y resolver problemas que requieren continuidad y responsabilidad. La polarización no mejora la educación, no reduce el costo de vida ni garantiza la sostenibilidad de las pensiones. Si el debate queda subordinado a la disputa ideológica y los episodios de violencia se normalizan, el costo recae sobre el conjunto de la sociedad, especialmente sobre quienes más necesitan que las instituciones funcionen.
Eso es, en definitiva, lo que desde lejos no siempre se ve. No estamos únicamente ante una sucesión de disturbios ni ante una suma de reivindicaciones insatisfechas, sino ante una disputa por el rumbo político y cultural de Europa. Una democracia que no logra responder a sus problemas alimenta el terreno sobre el que crecen los extremismos; pero una democracia que, para evitar el conflicto, renuncia a hacer cumplir sus leyes o relativiza sus principios también contribuye a su propia caída.
El desafío es doble: recuperar la capacidad de dar respuestas a los ciudadanos y, al mismo tiempo, impedir que la violencia, el antisemitismo y los proyectos contrarios a las libertades democráticas se amparen en causas legítimas. Porque si quienes buscan transformar la sociedad consiguen convertir sus problemas en una ventaja política, no solo nos arriesgamos a una mayor inestabilidad: arriesgamos también los principios sobre los que construimos nuestra convivencia.
