Enrocado en Costa Azul: Continúa la polémica entre Intendencia y algunos vecinos

El juez letrado Darwin Rampoldi Robaina falló a favor de los vecinos del balneario Costa Azul, que habían presentado un pedido de medida cautelar contra la intendencia departamental y el Ministerio de Ambiente por el encorado realizado en la playa de dicho balneario.

Según la sentencia, el magistrado intimó a la Intendencia de Rocha (IR) “a presentar la documentación que informe sobre las eventuales invasiones o ensanches o cercamientos de espacios públicos, así como la existencia de cercas eléctricas y estacionamiento de vehículos sobre las dunas correspondientes a los lugares de realización del enrocamiento”.

Rampoldi intimó a que la comuna departamental retire y detenga la “colocación de alambrados, cercos, piedras, quintas y jardines, prohibir el tránsito vehicular y el estacionamiento de vehículos sobre la duna o cualquier otra ocupación que se haya hecho sobre los terrenos que se encuentren en dominio público”.

Beatriz Donatto, vocera de los vecinos que iniciaron la acción civil, explicó sus motivos. «Costa Azul es uno de los pocos o el único balneario que tiene sus construcciones con un ordenamiento territorial absolutamente caduco, de mediados de siglo pasado. Entonces esa situación generó y sigue generando, que haya construcciones sobre las dunas y en espacios no permitidos por las leyes. Nosotros lo que pedimos en la demanda larga, es que se haga un ordenamiento territorial, actual, que se pueda ordenar eso», señaló.

Además, afirmó que la obra de la Intendencia no fue por el cambio climático. «Fue una obra -y el juez lo comprueba y lo dice en la sentencia- para proteger un mínimo de privados que no llega a una decena de personas», aseguró Donatto.

«La obra está firme, fue aprobado por Medio Ambiente, fue realizado con un estudio de la Facultad de Ingeniería, cumple todos los requisitos y es más, está siendo exitosa porque ha generado un crecimiento de la arena retenida de más de 70 centímetros, generando una pendiente hacia la playa que antes no existía y ha generado arena seca», explicó por su parte el exintendente de Rocha, Alejo Umpiérrez.

«Lo que hay es una resolución judicial en el medio de un expediente muy confuso, muy entreverado, que lo refiere así el propio juez, donde se toma una medida cautelar, en la cual se pide que intimemos el retiro de algunos cercos y algunas empalizadas y algunos alambrados que hay en la parte de encima de la obra. Pero para esto hay que recordar que el señor juez quizá no lo tuvo presente, que hay títulos de propiedad, hay terrenos que antes estaban bajo el agua y hoy se recuperaron, y es de gente que tiene su escritura y paga su contribución inmobiliaria», agregó.

Sobre el final, afirmó que los vecinos que presentaron el recurso tienen «una ideología fundamentalista, una suerte de amish criollos, que están contra todo lo que se mueva».

El enrocado, que fue realizado entre 2022 y 2023, en dos tramos distintos, tuvo un costo de US$ 1 millón. La obra sobre la franja costera del balneario tiene un kilómetro de extensión y entre dos y tres metros de ancho.