Un mar de nadie: El costo de la desprotección en Rocha
Escribe Juan M. Jara
La rescisión del contrato con el astillero español Cardama no debe leerse únicamente como un fracaso administrativo o una disputa de garantías en los despachos de Montevideo. Para quienes vivimos y trabajamos en Rocha, esta noticia tiene un trasfondo mucho más alarmante: la confirmación de que nuestra frontera marítima seguirá siendo, por tiempo indefinido, una puerta abierta a la ilegalidad.
El radar que no ve, la lancha que no llega
Rocha posee una de las extensiones costeras más ricas y estratégicas del país, pero también la más difícil de custodiar. La falta de patrulleras oceánicas (OPV) con capacidad real de permanencia en el mar no es un detalle técnico; es una debilidad operativa que impacta en tres ejes críticos para nuestro departamento:
Pesca Ilegal: Es un secreto a voces que buques extranjeros depredan nuestra plataforma marítima frente a las costas rochenses. Sin buques con autonomía suficiente, la Armada Nacional se limita a observar desde la costa o a realizar salidas espasmódicas que no disuaden a los infractores. Estamos perdiendo recursos naturales que pertenecen a las futuras generaciones de rochenses.
Narcotráfico y Crimen Organizado: Con el endurecimiento de controles en los puertos principales, las playas desoladas de nuestro departamento se vuelven puntos de interés para el tráfico ilícito. Una frontera marítima «ciega» y sin capacidad de interceptación rápida es una invitación al delito que luego se derrama en la inseguridad de nuestras propias ciudades.
Búsqueda y Rescate: En una zona de fuertes corrientes y tráfico marítimo, la capacidad de respuesta ante emergencias es una cuestión de vida o muerte. Depender de embarcaciones obsoletas o de menor calado limita la seguridad de quienes navegan nuestras aguas.
La responsabilidad política: De las palabras a los hechos
Referentes locales, han insistido frecuentemente en la importancia del desarrollo y la infraestructura para el departamento. Sin embargo, el desarrollo no es posible sin seguridad. La caída del contrato Cardama deja en evidencia que se priorizó un ahorro mal entendido o una gestión deficiente por sobre la urgencia de proteger la soberanía.
No podemos permitir que el «Plan B» sea simplemente parchar lo viejo. Rocha necesita una vigilancia oceánica moderna, no promesas que se oxidan antes de llegar al puerto.
Mientras la burocracia estatal analiza los pasos legales para dar el cierre definitivo a este fallido contrato, las olas siguen golpeando nuestra costa con la misma fuerza, pero con menos protección.
La cancelación de las OPV de Cardama debe ser el último capítulo de una política de defensa improvisada. Si realmente queremos hablar de un «Rocha hacia el futuro», debemos empezar por garantizar que el mar que nos rodea sea efectivamente nuestro y no un territorio sin ley donde cualquiera puede entrar porque nosotros, sencillamente, no tenemos con qué salir a recibirlo y Rocha sigue regalando su riqueza al mejor postor extranjero.
