Fiscalía pide cuatro años de prisión e inhabilitación para Charles Carrera

Nuevo capítulo para el caso “Carrera”, que está imputado por fraude y utilización indebida de información privilegiada por la internación irregular de un civil en el Hospital Policial entre 2013 y 2016.

En las últimas horas, a fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno, Sandra Fleitas, presentó la demanda acusatoria contra el exsenador frenteamplista Charles Carrera y solicitó una condena de cuatro años de prisión, tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 1.000 Unidades Reajustables, equivalentes a aproximadamente 1.917.000 pesos, según informó El País. Con la presentación de la acusación, se inicia formalmente la etapa de juicio oral, tras la cual se celebrará una audiencia de control de acusación en la que la Fiscalía y la defensa deberán presentar las pruebas que podrán ser utilizadas durante el debate.

Como se recordará, la causa se remonta a la madrugada del 10 al 11 de noviembre de 2012, cuando Víctor Hernández, un albañil residente en la localidad de La Paloma (Rocha), recibió el impacto de una bala perdida que lo dejó parapléjico. La investigación judicial nunca pudo determinar quién fue el autor material del disparo, aunque las sospechas recayeron sobre una casa del Ministerio del Interior donde el subcomisario celebraba su cumpleaños con un grupo de amigos.

En ese momento, Charles Carrera se desempeñaba como director general de Secretaría del Ministerio del Interior, cargo que ocupó entre 2010 y 2017 bajo la gestión del fallecido ministro Eduardo Bonomi. Según la imputación, Carrera habría falseado información para que Hernández —que no era policía ni familiar de un funcionario policial— se atendiera durante tres años en el Hospital Policial sin abonar por el servicio, un centro de salud al que no tenía derecho a acceder por su condición de civil.

Además de la internación en Sanidad Policial, Carrera también autorizó la entrega de tickets de alimentación por un valor de 20.000 pesos al inicio del caso. En total, el gasto realizado por el Ministerio del Interior en la atención de Hernández ascendió a unos 260.000 dólares, según la investigación.

El caso tomó estado público en agosto de 2022, cuando las autoridades del Ministerio del Interior, encabezadas entonces por el ministro Luis Alberto Heber, presentaron la denuncia. El 11 de junio de 2025, la fiscal Sandra Fleitas solicitó la imputación de Carrera por tres delitos: fraude, falsificación ideológica de documento público y utilización indebida de información privilegiada.

En octubre de 2025, el Tribunal de Apelaciones Penal de 2° Turno confirmó por unanimidad la formalización de Carrera en cuanto a los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada, pero revocó por mayoría el delito de falsificación ideológica.

Durante la investigación, la Fiscalía también solicitó en dos oportunidades el arresto domiciliario del exsenador. El pedido fue rechazado tanto por la jueza de Crimen Organizado de 2° Turno, Diovanet Olivera, como por el Tribunal de Apelaciones de 2° Turno en febrero de 2026. Fleitas había argumentado que Carrera podría estar ejerciendo presión sobre policías testigos a través de los medios y de una denuncia presentada en el Ministerio del Interior, pero la magistrada consideró que prohibir sus declaraciones constituiría censura previa y defendió los derechos fundamentales en una sociedad democrática.

Ahora el caso avanza hacia una audiencia de control de acusación, instancia en la que la jueza Olivera deberá evaluar las pruebas ofrecidas por ambas partes y definir los términos del juicio oral. De ser condenado, Carrera enfrentaría cuatro años de prisión, la inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y una multa cercana a los dos millones de pesos, tal como solicitó la fiscal Sandra Fleitas.