El motor productivo en la encrucijada del costo y la burocracia
Escribe Juan M. Jara
La reciente movilización de los transportistas de carga, que se replicó en más de cuarenta puntos estratégicos del país y tensionó los accesos a centros neurálgicos como el puerto de Montevideo, no es un hecho aislado ni un mero capricho gremial. Es el síntoma visible de un malestar profundo que recorre las venas de la producción nacional, la asfixia por costos fijos y la creciente carga burocrática sobre quienes mueven la economía del país.
El reclamo de los transportistas autoconvocados y las gremiales del sector se asienta sobre dos pilares tan lógicos como urgentes: el enérgico rechazo a la obligatoriedad de la nueva Guía Electrónica de Carga y la demanda de una baja real en el precio del combustible para la producción.
El transporte de carga consume aproximadamente el 70% del gasoil en el Uruguay. En un contexto donde este insumo clave registró incrementos sustanciales en un cortísimo período de tiempo, el margen de rentabilidad de los camioneros en particular de los pequeños y medianos permisarios simplemente se ha pulverizado.
Insistir en que el incremento del combustible solo afecta al propietario del camión es un error de diagnóstico alarmante. El flete es el eslabón que conecta la tierra con el plato de comida de cada uruguayo y con los barcos que exportan nuestro trabajo. Cuando el gasoil sube, la tarifa se encarece inevitablemente, traduciéndose en una pérdida de competitividad para el sector agropecuario e industrial, y en un golpe directo al bolsillo del consumidor final en el mostrador del almacén.
A este escenario de asfixia financiera se pretendió sumar la Guía Electrónica de Carga. Si bien la digitalización de los procesos estatales es un horizonte deseable en términos de transparencia y modernización, su diseño inicial parecía desconocer la realidad operativa del interior profundo. El transportista no necesita más trabas administrativas, controles redundantes en el celular a mitad de una ruta sin conectividad o trámites burocráticos que quiten tiempo al volante. El sector reclama con justa razón que ya existen herramientas fiscales y de control suficiente, y que sumar nuevas exigencias normativas solo agrava la fatiga del microempresario rural.
La reciente decisión del Gobierno de suspender provisionalmente la aplicación de la guía para instalar una mesa de trabajo conjunta demuestra que el peso de las rutas se hizo sentir y que el diálogo era el único camino viable. Sin embargo, este freno administrativo no debe ser visto como una solución definitiva, sino como una tregua necesaria.
Garantizar la fluidez en las rutas y el orden público es, sin dudas, una tarea irrenunciable del Estado y de las fuerzas de seguridad como Policía Caminera. Pero la verdadera seguridad no se logra registrando matrículas en las banquinas, sino desactivando los focos de asfixia económica antes de que los motores tengan que apagarse en señal de protesta.
El interior de nuestro país, su producción arrocera, ganadera, agrícola y forestal, necesita un transporte fuerte, competitivo y ágil. El Estado debe comprender de una vez por todas que el camión no es una fuente inagotable de recaudación ni un laboratorio para ensayar burocracias digitales; es la herramienta que mueve la riqueza nacional, y hoy necesita oxígeno, previsibilidad y un combustible que permita producir, no fundir.
