El relato no patrulla las calles

Escribe Nahuel García Rocha

Hay algo profundamente revelador en las interpelaciones largas, no siempre sirven para aclarar, pero casi siempre dejan en evidencia. La reciente comparecencia del ministro del Interior, Carlos Negro, terminó como suelen terminar estas cosas cuando el oficialismo tiene mayoría, con una declaración de respaldo, prolija en las formas, previsible en el fondo, y completamente desconectada de la intemperie donde viven los ciudadanos.

Catorce horas de debate para concluir que todo está “ampliamente satisfactorio” y que “el rumbo es claro”. Uno podría pensar que se trata de una ironía involuntaria, pero no, es la política cuando se mira demasiado a sí misma y demasiado poco a la realidad. Porque mientras en el Senado se votaban palabras, en la calle lo que se vota todos los días es otra cosa, miedo, incertidumbre, y una sensación cada vez más extendida de que el Estado llega tarde, mal o directamente no llega.

El ministro defendió su gestión apoyándose en una baja de homicidios en el primer trimestre. Y aquí aparece el primer problema serio, gobernar con un dato es siempre tentador, pero casi siempre insuficiente. La estadística, cuando se la usa como escudo, corre el riesgo de convertirse en una forma elegante de negar el conflicto. Nadie discute que bajar los homicidios es una buena noticia —faltaba más—, pero convertir ese descenso en el eje defensivo de toda una gestión es, en el mejor de los casos, una simplificación; en el peor, una forma de autoengaño.

Porque la seguridad no es un trimestre. La seguridad es un proceso, una tendencia, una construcción sostenida en el tiempo. Y ahí es donde empiezan a aparecer las preguntas incómodas que el oficialismo prefiere esquivar con declaraciones altisonantes, ¿cuál es el plan concreto para enfrentar al crimen organizado? ¿Cuál es la estrategia real para evitar la reincidencia? ¿Qué sentido tiene hablar de sustituir o acortar penas cuando el ciudadano común siente que el delito no tiene consecuencias?

En ese punto, la interpelación dejó al descubierto algo más profundo que una diferencia técnica, dejó al descubierto una concepción ideológica. Porque detrás de cada política de seguridad hay una idea de sociedad, y el Frente Amplio sigue preso —nunca mejor dicho— de una mirada que tiende a justificar antes que a corregir, a explicar antes que a actuar. No es nuevo. Ya lo vimos en el pasado, cuando decisiones que buscaban “humanizar” el sistema terminaron liberando cientos de personas sin que el Estado estuviera preparado para contener las consecuencias. Recordarlo no es capricho ni oportunismo, es memoria política.

La izquierda suele invocar la historia como si fuera un patrimonio exclusivo, una especie de reserva moral siempre disponible. Pero la historia, cuando se la mira completa, también devuelve imágenes incómodas. Y en materia de seguridad, esas imágenes no siempre son favorables. Porque mientras hoy se pide paciencia y comprensión, hubo años en los que los delitos crecieron de forma sostenida y las respuestas llegaron tarde o nunca. El problema no es recordar eso; el problema es negarlo.

En medio de ese escenario, el debate parlamentario tuvo momentos que rozaron lo simbólico. El cruce entre legisladores oficialistas y opositores mostró algo más que diferencias, mostró dos formas de entender la autoridad. De un lado, la convicción de que el delito se combate también con firmeza; del otro, una resistencia casi instintiva a asumir que sin orden no hay libertad posible. Y conviene decirlo sin rodeos, cuando el Estado duda, el delito avanza.

La declaración final del Senado habló de “causa nacional” y de la necesidad de no convertir la seguridad en un “botín electoral”. Es una frase bonita, casi literaria. Pero como tantas frases bonitas en política, corre el riesgo de ser una coartada. Porque la seguridad ya es, de hecho, una causa nacional. Lo que no está claro es si el gobierno la está asumiendo como tal o si la está administrando como un problema más dentro de una agenda larga y dispersa.

Decía alguna vez que hay debates que se parecen a ciertas novelas donde todos los personajes hablan con brillantez, pero ninguno resuelve nada. La interpelación tuvo algo de eso, mucho discurso, mucha referencia, mucha explicación… y poca certeza. Como si el país pudiera esperar a que la teoría alcance a la realidad. Pero la realidad no espera. La realidad empuja, golpea, incomoda. Y sobre todo, exige.

Desde la oposición, el señalamiento es claro, no alcanza con describir el problema ni con celebrar indicadores aislados. Se necesita conducción, decisión y, sobre todo, una señal inequívoca de que el delito tiene consecuencias. No por venganza, no por ideología, sino por algo más básico, porque sin esa certeza, la convivencia se resquebraja.

Al final del día, lo que dejó esta interpelación no fue una respuesta, sino una advertencia. El gobierno puede ganar votaciones en el Senado, pero la seguridad no se gana con mayorías parlamentarias. Se gana en la calle, en la prevención, en la represión cuando es necesaria y en la reconstrucción de una autoridad que no puede ser negociada cada cinco minutos.

Lo demás —las declaraciones, los respaldos, las frases bien construidas— pertenece a ese género menor de la política que confunde decir con hacer. Y en materia de seguridad, esa confusión no se archiva ni se disimula, se acumula, crece en silencio y, tarde o temprano, golpea la puerta con la violencia de lo que nunca fue resuelto. Porque hay errores que se pagan en votos… y otros que se pagan en miedo.