El monopolio del reclamo por la verdad del pasado reciente ¿en riesgo?
ESCRIBE MARTÍN VALDEZ
Hemos pasado ya el 20 de mayo, fecha por demás sensible en el Uruguay y que año tras año despierta, si acaso es que duerme¬ un debate que, junto al fútbol y la política partidaria, tiene más de pasional que de racional (sin menoscabar con la comparación la importancia del tema).
Este año la Marcha del Silencio y el reclamo por la verdad, la memoria y la justicia de los familiares de quienes fueron víctimas de la peor dictadura que azotó nuestro país, se vio amparada por un proyecto de ley del Gobierno Nacional dirigido a hacer pública y accesible toda la información que obra en su poder respecto al “pasado reciente”, en órbita del Archivo General de la Nación, respetando los límites de los datos sensibles. Sin lugar a dudas, luego del punta pie inicial que dio el Presidente Batlle recibiendo a los integrantes de la comisión en el Edificio Libertad e iniciando la búsqueda de los restos de los desaparecidos, este proyecto de ley es un mojón fundamental en la pelea por la verdad.
Cualquier oriental con buena intención creería que un anuncio de este tipo sería de recibo y, por qué no, hasta de festejo por aquellos que han militado la causa de los derechos humanos. Mas desgraciadamente, la realidad no fue tal. De hecho, es en la misma Marcha donde el presidente del FA, Fernando Pereira, puso el “pero” sobre la mesa, rechazando de plano cualquier intento por transparentar la información sobre un tema que no ha estado exento de controversias, tales como aquella suscitada en el último gobierno de izquierda, que homologó (convalidó) las actuaciones de un Tribunal de Honor realizado en 2006 en el que se confesaba por parte de un represor las torturas y ejecuciones realizadas entre 1973-1984.
En ese expediente, el Tribunal evitó resolver sobre las confesiones realizadas y por ello el Presidente de la República (Vázquez, en ese entonces) no debió convalidar las actuaciones. Pero (imitando la acción del Tribunal) cometió una omisión y no leyó ni revisó debidamente el expediente, y con notable velocidad estampó la firma para ratificar todo lo que diligenció el órgano militar. ¿Ese será acaso el nivel de compromiso con la causa o será, como mucho, un simple hecho aislado? La pregunta dista de ser “filosa” y refleja una duda sincera, pues a priori cualquiera podría pensar que para la actual oposición en aquellos tiempos gobierno, la causa de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad es sólo para camisetear y no para comprometerse.
Lo real hoy es que podemos hablar de esto gracias a que, en 2020, el actual gobierno, transitando ya la filosofía de llevar a la ciudadanía toda la documentación existente, desclasificó la información que hasta el momento era confidencial desde el Ministerio de Defensa Nacional y los distintos medios de prensa pudieron hacerse de ella para informar cómo actuaron otras administraciones a este respecto. He allí la importancia de publicitar e insistir con la publicidad de la información en poder del Estado. Cuando para algunos el compromiso se demuestra haciendo una cadena nacional para discursar sobre la importancia del 20 de mayo (al fin de cuentas es el reclamo del Frente Amplio al Presidente Lacalle), para otros (esta administración) el compromiso es acercar la verdad a todos los ciudadanos y procurar avanzar como pocas administraciones lo han hecho en materia de “verdad, memoria y justicia”.
