En Rocha hay un 8% de la población que tiene algún tipo de discapacidad

La Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social continúa con su gira nacional para construir el Primer Plan Nacional por la Accesibilidad y los Derechos de las Personas con Discapacidad (2025–2030).
En ese marco, Rocha fue sede de una nueva jornada de participación, donde representantes de organizaciones de la sociedad civil, instituciones locales y organismos públicos del departamento se reunieron para conocer las bases del Plan y aportar ideas para fortalecerlo. Se busca un espacio de diálogo para avanzar en la accesibilidad y los derechos de las personas con discapacidad en el territorio.
Este espacio de intercambio contó con la presencia del director Nacional de Discapacidad, Federico Lezama, en la oficina del Mides, donde atendió a la prensa. “Queremos que nuestras acciones impacten en la vida de la gente”, comenzó diciendo el jerarca.
Informó que se propuso ante el Parlamento la construcción del Instituto Nacional de la Discapacidad, para jerarquizar la institucionalidad de esta política pública, ya que más del 6% de la población nacional, unas 180.000 personas, viven con discapacidad. En referencia a estos datos, subrayó que en Rocha un 8% de la población tiene algún tipo de discapacidad.
Más adelante, Lezama expresó que se busca influir en la vida cotidiana de las personas a través de varios ejes relacionados con la calidad de la información para la toma de decisiones y la jerarquización institucional.
Otros pilares son la calidad de la atención en salud, la inclusión en el ámbito educativo para lograr un trato adecuado y la mejora de los niveles de cumplimiento de normativas en el área laboral, explicó.
Esta recorrida, que se extiende hasta octubre de 2025, busca fomentar el diálogo, la colaboración institucional y la participación activa de todos los niveles de gobierno y de la sociedad civil.
La versión final del Plan será presentada en diciembre de 2025, pero se mantendrá abierta para incorporar nuevos aportes y compromisos de actores estratégicos del Estado, la academia y la sociedad civil. La meta es garantizar la plena participación de las personas con discapacidad y eliminar las barreras que aún la limitan.