El clamor de la legalidad: el problema es el delincuente, no el usuario responsable

Escribe Juan M. Jara

El Palacio Legislativo amaneció hace unos días con un paisaje que debería hacer reflexionar a más de un gobernante. Cientos de personas se concentraron frente a las escalinatas, pero no eran los sospechosos de siempre ni grupos buscando prebendas. Eran ciudadanos comunes, padres de familia, trabajadores, comerciantes y profesionales. ¿Qué los unía? Una preocupación profunda y un hartazgo compartido frente a la intención de seguir sumando regulaciones, trabas y burocracia a quienes tienen armas de manera totalmente legal.

La consigna que flotaba en el aire era tan clara como irrefutable, ajustarle las clavijas al que ya cumple con la ley no desarma a los delincuentes; lo único que hace es dejar al ciudadano honesto con las manos atadas.

Cuando se habla de armas, la política y los medios suelen caer en el juego fácil de la emoción o el miedo. Se arman debates de tribuna donde parece que prohibir algo en un papel mágicamente soluciona los problemas de fondo. Pero la realidad de la calle va por otro lado y exige dejar de lado los discursos prefabricados. Hay que separar las aguas de forma urgente. Los que se pararon frente al Parlamento no son los culpables de la ola de violencia que sufrimos todos los días. Todo lo contrario, son personas que decidieron caminar por la derecha. Pasaron por psicólogos, presentaron certificados de antecedentes limpios, registraron sus huellas, pagaron tasas e inscribieron sus pertenencias bajo la lupa del Estado. Son, en esencia, los buenos de la película.

Un error de puntería: perseguir los papeles y descuidar la calle

El gran problema de los proyectos normativos que se cocinan entre cuatro paredes es que pecan de una alarmante falta de sentido común. Parece que se olvida una premisa básica, el delincuente, por su propia naturaleza, vive al margen de la ley. Al tipo que sale a robar, a extorsionar o a disputar territorio narco le importa muy poco si el Parlamento aprueba un nuevo impuesto, una prórroga de registro o un examen más difícil. El criminal no va a una armería a registrar su huella balística; se abastece en el mercado negro, contrabandea y usa armas limadas.

Por lo tanto, cada nueva traba, cada aumento de costos y cada laberinto burocrático nuevo impacta exclusivamente en un bolsillo, el del usuario legal. Legislar pensando que «a menor cantidad de armas en manos de civiles, menos delincuencia» es errar el tiro por completo. Es una ingenuidad peligrosa. Significa confundir el objeto con la persona. Una pistola guardada en la mesa de luz de un vecino que sacó todos los permisos no sale sola a delinquir por las noches. El peligro real, el que nos quita el sueño a todos, es el armamento clandestino que manejan las bandas criminales con total impunidad. A ellos es a quienes hay que ir a buscar, no a los papeles del ciudadano trabajador.

Poner el foco en el desarme civil en un contexto donde el Estado muchas veces no llega a cubrir cada rincón es, como mínimo, injusto. Al final del día, lo que se provoca es un desequilibrio de fuerzas brutal. Si el delincuente sabe de antemano que la ley se encargó de desarmar y desalentar al ciudadano honesto, sale a la calle con una ventaja enorme. Sabe que su víctima va a estar indefensa. La seguridad no se construye desprotegiendo a los que juegan limpio para maquillar las estadísticas de desarme con armas que nunca iban a usarse para cometer un delito.

Desarmar la burocracia para armar la seguridad real

Una política de seguridad que funcione en serio no puede basarse en asfixiar a los suyos. El Estado no puede tratar al usuario registrado, que hace el esfuerzo de mantener todo al día, como si fuera un peligro latente o un delincuente en potencia. El verdadero esfuerzo, el dinero de los contribuyentes y la fuerza policial tienen que concentrarse en la frontera, en las rutas del contrabando y en desmantelar las redes de tráfico ilícito que alimentan a las cárceles y a las esquinas más conflictivas de nuestras ciudades.

La manifestación frente al Palacio Legislativo tiene que ser un baño de realidad para los legisladores. Las leyes no se pueden votar solo para que queden bien en un comunicado de prensa o para cumplir con relatos idílicos que no encajan con la realidad del país. Las medidas de gobierno se miden por sus resultados prácticos en la vida de la gente, no por sus buenas intenciones románticas.

Es hora de que las autoridades se sienten a escuchar a quienes conocen el tema desde la legalidad. Hay que entender, de una vez por todas, que la tenencia responsable es una herramienta de protección y libertad para muchos, mientras que el uso criminal es harina de otro costal. Perseguir la formalidad porque es lo más fácil y lo que está a mano en los archivos estatales es una muestra de debilidad institucional. La sociedad necesita que se combata la ilegalidad con firmeza de verdad. Solo cuando el peso de la ley caiga con todo su rigor sobre el delincuente y dejen de buscarse excusas persiguiendo al ciudadano honesto vamos a empezar a caminar hacia una comunidad verdaderamente segura y justa.